El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, presentó este miércoles ante su bloque de legisladores un proyecto de ley que propone modificaciones a diversos artículos de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el propósito de fortalecer la integridad del sistema de partidos, reforzar los mecanismos de control del financiamiento político y prevenir la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.

Paliza explicó que la propuesta busca establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas.

Durante su intervención ante los legisladores del partido y la prensa, Paliza señaló que la política debe responder con firmeza frente a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.

“Hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad política, a nuestro partido y a otros, han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad incómoda. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola”, expresó.

El proyecto de ley introduce mecanismos orientados a fortalecer los controles internos de los partidos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance partidario) para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras dirigenciales y en los procesos de selección de candidaturas.

Asimismo, establece procedimientos de debida diligencia y verificación del origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas, con mecanismos de trazabilidad para identificar a los aportantes y prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Entre las disposiciones propuestas se incluyen nuevos requisitos de integridad para aspirantes a candidaturas, como la presentación de certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para la verificación de la información presentada ante las autoridades partidarias.