Imponen medida de coerción contra 19 personas por operar máquinas tragamonedas


Santo Domingo.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistente en garantía económica de RD$20 mil  y presentación periódica ante la Procuraduría Fiscal de esta jurisdicción contra 19  encargados de negocios que fueron arrestados en flagrante delito, operando ilegalmente máquinas tragamonedas en distintos negocios de la ciudad capital.

La decisión fue adoptada en contra de los imputados Juan Ramón González, Antonio Peña Ortiz, Vicente Vargas Taveras, Cruz Eulogio Tejeda, y Raúl Mercedes Rudecindo, encargados de los colmados “Esmailin II”, “Caribe”, “El Chino”, “El Explosivo” y “Harold”, respectivamente, localizados en los sectores de Los Praditos, San Carlos y Villa Francisca.

Asimismo, contra Yaden Lyvery Beltré Suero, Patricio Rosario Hernández, Eugenio Holguin, y Pedro de Jesús Nicolás, a cargo de los colmados “Moisés”, “Ramón”, “Don Polo”, y “Robert”, ubicados igualmente en Los Praditos, San Carlos y en el ensanche Espaillat.

El tribunal también dictó las medidas de coerción a María Pérez Lovera, Nicolás Sierra Mateo, Rudin Emilio Beato, Víctor Villalona Castillo, Jeison Aristy Peña, y a Robert Ramírez, de los colmados “Nancy”, “Nicolás”, “Farolito”, “Junior”, “La Vecindad”, y “Robert”, que están ubicados en los sectores Espaillat, Gualey y San Carlos.

Además contra José Elías Morán, Pascual Lora, Carlos Manuel Tejeda y Rafael Robles, de los colmados “El Paraíso”, “Bodega Mía”, “Los Hermanos”, y “Bodega de Jesús”, que funcionan en el sector de Los Praditos y Gualey.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría indica que por instrucciones del procurador general de la República, Jean Rodríguez, los operativos se realizan para dar estricto cumplimiento a la Ley 29-06 sobre Autorización de Licencias para Juegos de Azar, que regula la operación de esos aparatos, la cual establece que solo pueden ser instalados en casinos y bancas de apuestas deportivas, donde únicamente ingresen adultos y no tengan acceso los menores de edad.

Además de erradicar la operación ilegal de esos equipos, las labores que desarrolla la Procuraduría General de la República persiguen resolver el problema social que generan, afectando el sano desarrollo de la niñez y los jóvenes, y que muchas veces desencadena violencia en los hogares por afectar la economía familiar.

El Ministerio Público advierte que no tolerará esta práctica ilegal y que continuará con estos operativos, resaltando que se ocupará de que se impongan las sanciones contempladas en la referida ley, que van desde multas de entre los RD$100 mil a RD$500 mil y prisión correccional de seis a dos años.

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