Cuba espera en breve no pertenecer a la lista de países promotores del terrorismo

WASHINGTON. La revisión del Departamento de Estado sobre la situación de Cuba en la lista de países a los que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo está en su etapa final y «próxima a concluir», dijo este martes un asesor del presidente estadounidense, Barack Obama.

En una conferencia telefónica con periodistas sobre el viaje de Obama a Jamaica y la Cumbre de las Américas en Panamá, Ben Rhodes, asesor adjunto de seguridad de Obama, explicó también que no ve probable un anuncio sobre la reapertura de embajadas en Washington y La Habana antes de esa cita continental, prevista para el viernes.

Según Rhodes, en la Cumbre de Panamá habrá algún tipo de contacto entre Obama y el presidente cubano, Raúl Castro, pero por el momento no hay un encuentro bilateral formal programado entre ambos.

Cuba aparece cada año desde 1982 entre los países a los que Washington considera patrocinadores del terrorismo y, en el marco del histórico anuncio de diciembre pasado para la normalización de las relaciones bilaterales, Obama ordenó al Departamento de Estado una revisión de la presencia de la isla en esa lista.

Las razones para mantener hasta ahora a Cuba en la lista -en la que comparte espacio únicamente con Irán, Sudán y Siria- son su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de algunos fugitivos de la justicia estadounidense.

Para sacar a Cuba de la lista, Estados Unidos debe llegar a la conclusión de que «durante los últimos seis meses» el país no se ha implicado «en el apoyo, asistencia o complicidad de actos terroristas internacionales», según explicó recientemente el secretario de Estado, John Kerry.

Además, es necesario contar con un compromiso del Gobierno de Cuba de que no tiene intención de involucrarse o apoyar el terrorismo en el futuro.

Una vez que el Departamento de Estado culmine su revisión, debe enviar su recomendación a Obama, que tiene, por su parte, que notificarlo de manera formal al Congreso, que cuenta después con 45 días para estudiar la iniciativa.